El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, autorizó la venta de 19 predios municipales que originalmente fueron destinados a áreas verdes y espacios deportivos. La decisión, respaldada por el Cabildo local, ha generado debate entre los ciudadanos debido a que los terrenos —cedidos por parques industriales— formaban parte del 7% obligatorio de espacio público que estas zonas deben entregar por ley.
De acuerdo con el dictamen aprobado, los recursos obtenidos por esta venta se destinarán a financiar tres obras públicas: un centro de atención al autismo, una guardería de 24 horas y un centro contra las adicciones. No obstante, la medida también ha encendido cuestionamientos sobre el rumbo que está tomando el uso del suelo en el municipio y la aparente pérdida de espacios verdes para los habitantes de Santa Catarina.
Santa Catarina aprueba desincorporación de áreas verdes
El pasado viernes, el Cabildo de Santa Catarina aprobó por mayoría la desincorporación de los predios para su posterior venta. La administración municipal justificó la decisión con base en la falta de recursos provenientes del Fondo Municipal, cuyo flujo ha sido irregular desde 2023 y no ha entregado ninguna ministración en 2025.
El dictamen sostiene que debido a esta situación financiera, la viabilidad técnica y económica de los proyectos prioritarios del municipio se encuentra comprometida. Como solución, el municipio identificó terrenos municipales “en desuso y sin utilidad al servicio público” que puedan ser vendidos para obtener ingresos que contribuyan a financiar parcialmente estas obras.
En total, los terrenos que se pondrán a la venta suman 41 mil 496 metros cuadrados, y se espera recaudar aproximadamente 43 millones de pesos, según los avalúos del Banco Inmobiliario Mexicano.
Origen de áreas verdes
Los 19 inmuebles a enajenar fueron cedidos originalmente por parques industriales, como parte del porcentaje de terreno que, por ley, deben destinar a espacios públicos verdes o deportivos. Estos terrenos se encuentran ubicados en desarrollos como El Obispo, Gamart, Milenium Primer Sector, Milimex, Esperanza, Industrial Mitras, Industrias Marfer, Microempresarios del Poniente, Industrial Las Torres, Industrial La Concordia y Santa Catarina.
A pesar de su propósito original, el municipio argumenta que muchos de estos espacios están subutilizados o completamente en desuso, por lo que su venta no representa una afectación directa al entorno urbano actual. No obstante, para diversos sectores sociales y ambientales, la medida implica renunciar a zonas con potencial para el desarrollo comunitario, recreativo o ecológico.
Recursos se destinarán a tres obras
Jesús Nava planea usar los 43 millones estimados en la venta de los predios para cubrir parte del financiamiento de tres proyectos públicos prioritarios: un centro de atención para personas con autismo, una guardería de 24 horas para madres trabajadoras, y un centro de tratamiento de adicciones. Estas obras tendrían un costo total de 64 millones de pesos, por lo que los ingresos derivados de la venta solo alcanzarían para cubrir una parte de la inversión total.
Aunque la administración de Nava ha señalado que estas obras beneficiarán directamente a la población más vulnerable del municipio, la decisión ha sido vista con reservas por parte de algunos sectores que reclaman mayor transparencia sobre las alternativas evaluadas antes de decidir enajenar el patrimonio público.
Además, hay preocupación sobre la falta de consulta ciudadana para tomar esta decisión, y sobre las implicaciones ambientales y urbanas de perder espacios verdes que, aunque actualmente estén en desuso, podrían ser rehabilitados o integrados a futuros proyectos de convivencia comunitaria.
No requiere aprobación del Congreso
Un punto que ha llamado la atención es que la venta de los terrenos no necesita pasar por el Congreso local, debido a que se trata de predios entregados por los desarrolladores industriales y no de propiedad adquirida por el gobierno con recursos públicos directos.
Este detalle legal ha facilitado la rapidez con la que el Cabildo aprobó la desincorporación, aunque también ha levantado inquietudes sobre el nivel de control y supervisión institucional en decisiones que implican la transformación del espacio público. Algunos ciudadanos y actores políticos ya han expresado su preocupación de que se siente un precedente negativo para otros municipios que enfrentan crisis financieras.
Mientras tanto, el municipio de Santa Catarina se mantiene firme en su postura de priorizar el desarrollo de infraestructura social urgente, aunque a costa de sacrificar terrenos que debían servir para fines comunitarios.
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