Mientras el Gobierno de Nuevo León impone sanciones a empresas privadas por verter contaminantes en cuerpos de agua, la propia paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ha sido señalada por realizar descargas fuera de norma en el Río Pesquería, a través de una planta tratadora de aguas residuales ubicada en el municipio del mismo nombre.
La denuncia fue hecha por la asociación civil Agua Regia, dirigida por Juan Pablo Chávez, luego de que se reportara la muerte de peces en esa zona y en Los Ramones. La organización tomó muestras del agua el 5 de junio y las envió a laboratorio, cuyos resultados confirmaron la presencia de contaminantes por encima de los límites establecidos.
El caso se vuelve más grave si se considera que días después, el 8 de junio, el Gobierno estatal suspendió a dos empresas privadas por un derrame de aceite también en el mismo río. Sin embargo, la planta estatal que también contamina sigue operando sin sanción alguna, lo que ha desatado críticas por la falta de congruencia en el trato hacia responsables públicos y privados.
Exceso de contaminantes en Río Pesquería
Los análisis de laboratorio realizados a las aguas vertidas por la planta tratadora de AyD en Pesquería revelaron cifras alarmantes. Según los datos compartidos por Agua Regia, las descargas superaron en un 10% el límite permitido de coliformes fecales, en un 13% los sólidos suspendidos totales y en un 2% la demanda bioquímica de oxígeno.
Este tipo de contaminantes no solo dañan los ecosistemas acuáticos, sino que representan un riesgo directo para la salud pública, especialmente en comunidades cercanas que pueden estar expuestas a estos cuerpos de agua. La presencia de coliformes fecales, por ejemplo, indica una contaminación por materia orgánica que puede contener bacterias como E. coli.
Pese a que el hallazgo ya fue comunicado públicamente, ninguna autoridad ha informado sobre posibles sanciones o planes para frenar esta descarga irregular.
AyD ha sido señalada antes
No es la primera vez que Agua y Drenaje se ve envuelta en un caso de contaminación de cuerpos de agua. El 7 de octubre de 2024, el periódico El Norte publicó que el Río Santa Catarina también fue contaminado con desechos fecales, esta vez por una estación de bombeo del mismo organismo en el municipio de Juárez.
En aquella ocasión, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y AyD reconocieron la descarga fuera de norma, justificándola como consecuencia del azolve de un cárcamo. No obstante, las denuncias ambientales y las condiciones en campo muestran que se trata de un patrón más que de un incidente aislado, según advirtió Juan Pablo Chávez.
“Primero fue Juárez, ahora Pesquería… si seguimos haciendo pruebas, seguramente encontraremos lo mismo en otras plantas”, expresó el activista. “La situación no puede seguir siendo ignorada. El sistema está completamente rebasado”, añadió.
Exigen reestructuración y uso eficiente de recursos
Chávez también cuestionó el enfoque de inversión pública por parte del Gobierno del Estado. Mientras se asignan recursos a proyectos como el Parque del Agua o un plan de tratamiento terciario que no resuelve los problemas más urgentes, las plantas tratadoras siguen operando con infraestructura obsoleta y fallas constantes.
“Tenemos drenajes brotando en toda la ciudad”, recalcó el activista. “Es claro que la paraestatal necesita una reestructuración completa, con planes de modernización reales y auditables, no solo anuncios mediáticos”.
De acuerdo con Agua Regia, se están desviando recursos en soluciones que no resuelven el problema de fondo: el deterioro de las plantas de tratamiento y la negligencia en el cumplimiento de normas ambientales. Para Chávez, el Estado debe asumir su responsabilidad, tanto por omisión como por falta de transparencia.
Las críticas también se centran en la diferencia de trato entre actores públicos y privados. Mientras que dos empresas del Parque Industrial Mitras fueron sancionadas por derrames de aceite, la planta de AyD sigue funcionando pese a los resultados comprobados de contaminación, lo que refuerza la percepción de impunidad institucionalizada.
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