El delito de corrupción de menores se ha disparado en Nuevo León durante el primer semestre de 2025, marcando cifras alarmantes que no se habían registrado en al menos una década. De acuerdo con datos públicos de la Fiscalía estatal, el número de carpetas de investigación por este delito creció un 41 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, acumulando 170 casos en solo seis meses.
La cifra representa un retroceso significativo en materia de protección a la infancia y pone en evidencia las carencias del sistema de prevención y respuesta institucional en la entidad. Mientras las autoridades estatales concentran esfuerzos en agendas políticas o propagandísticas, los delitos que vulneran a niñas, niños y adolescentes crecen sin freno.
Cifra récord en corrupción de menores
Las estadísticas muestran con claridad que este 2025 es, hasta ahora, el año con mayor número de carpetas de investigación por corrupción de menores desde al menos 2015, año en que comenzaron a registrarse públicamente estos datos en la plataforma oficial de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Entre 2022 y 2024 ya se habían alcanzado picos elevados, con más de 100 carpetas abiertas en el primer semestre de cada año. Sin embargo, los 170 casos que se acumularon en los primeros seis meses del presente año representan una alarma sin precedentes.
Este tipo de delito contempla una amplia gama de conductas que pueden ir desde inducir a menores al consumo de drogas o alcohol, hasta promover o facilitar actos sexuales o de explotación. Aunque cada caso tiene su propia complejidad, la tendencia general refleja un grave deterioro del entorno para los menores en la entidad.
Instructores, escuelas y entornos vulnerables
Uno de los focos recientes que explican en parte el aumento es la aparición de denuncias contra instructores deportivos, algunos de los cuales ya han sido vinculados a proceso penal por hechos relacionados con corrupción de menores.
Estos casos, lejos de ser aislados, revelan fallas en los filtros de contratación, la supervisión institucional y el acompañamiento psicológico en actividades extracurriculares organizadas por entidades públicas y privadas.
Madres y padres de familia han comenzado a alzar la voz, reclamando mayor vigilancia en espacios donde sus hijas e hijos interactúan con adultos sin supervisión directa. Las quejas se concentran no solo en clubes deportivos, sino también en escuelas, talleres artísticos, centros de catequesis y organizaciones sociales.
Una ley que no se cumple
En Nuevo León, el delito de corrupción de menores puede alcanzar penas de hasta 12 años de prisión, según el Código Penal del estado. No obstante, la elevada cifra de casos y la lentitud en los procesos judiciales muestran que, más allá del castigo, la impunidad sigue siendo la constante.
Especialistas en derecho penal infantil advierten que muchas denuncias no llegan a una sentencia condenatoria o se retrasan durante años, lo que impide brindar justicia pronta a las víctimas. Además, las medidas de protección y seguimiento a largo plazo para los menores afectados son casi inexistentes.
A esto se suma la falta de una política transversal estatal enfocada en la prevención de estas conductas, especialmente en zonas de alta marginación o con presencia de pandillas, consumo de drogas y redes de abuso que operan de forma clandestina.
Estado ausente frente a corrupción de menores
El crecimiento del delito de corrupción de menores contrasta con la narrativa triunfalista del Gobierno de Nuevo León, que insiste en proyectar una imagen de progreso y modernidad, pero que en la práctica no ha fortalecido los mecanismos de protección a la infancia.
El presupuesto para atención integral a víctimas menores de edad se ha mantenido estancado o incluso ha sufrido recortes en rubros clave. Los refugios especializados para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo operan con recursos limitados, y los programas de concientización en escuelas o espacios comunitarios son esporádicos y poco efectivos.
A pesar del aumento sostenido en las denuncias, no se han anunciado estrategias claras para contener el problema ni campañas públicas de prevención. La reacción institucional ha sido lenta, opaca y carente de autocrítica.
Tampoco se ha promovido la capacitación masiva de personal en el sector educativo, de salud o de seguridad pública, lo que deja en la indefensión a muchos niños que no saben cómo identificar ni denunciar los abusos que enfrentan.
El aumento del delito de corrupción de menores en Nuevo León debe encender las alarmas en todos los niveles de gobierno de Samuel García. La niñez está siendo expuesta a entornos cada vez más peligrosos sin que existan medidas reales de contención. Frente a esta crisis, las autoridades deben dejar de mirar hacia otro lado y comenzar a actuar con decisión, recursos y empatía.
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