- Zonas Dañadas En Río Santa Catarina Permanecen Sin Reforestación
- Obras Millonarias Avanzan En Medio De Creciente Preocupación Social
El debate ambiental volvió a encenderse en Nuevo León tras la reactivación de trabajos en el Río Santa Catarina, donde se registraron desmontes en el Río, árboles derribados y zonas sin rehabilitar. La reapertura de obras coincide con reclamos públicos que señalan que los desmontes estatales avanzan sin restauración ni procesos transparentes, lo que incrementa las críticas hacia el gobernador Samuel García, acusado por colectivos de que desmonta el Río sin garantizar medidas mínimas de compensación ambiental.

Zonas Dañadas En Río Santa Catarina Permanecen Sin Reforestación
Antes de que las máquinas regresaran, los colectivos ya habían advertido sobre los impactos previos. En áreas cercanas a Morones Prieto, habitantes y activistas identificaron árboles tirados, taludes removidos y superficies expuestas. A pesar de que la autoridad estatal conocía estos reportes, no inició trabajos de restauración.
Quienes recorrieron la zona señalaron que los desmontes en el Río seguían visibles incluso semanas después de haber sido denunciados. Esta falta de acciones generó molestia entre organizaciones ambientales, que exigieron medidas de remediación inmediata. Sin embargo, el avance de la obra se impuso a cualquier solicitud ciudadana.
Para los colectivos, el mensaje fue claro: las actividades de infraestructura se priorizan por encima de la salud ecológica del cauce. Esto alimentó la percepción pública de que el gobierno estatal mantiene una estrategia de intervención sin planificación ambiental suficiente.
Reanudación De Obras En Río Santa Catarina Aun Con Autorización Controvertida
La aprobación de la Semarnat sí existió, pero llegó después de que los desmontes estuvieran hechos. Esto abrió una línea de crítica distinta: si las intervenciones iniciales se realizaron antes de contar con una Manifestación de Impacto Ambiental, la autorización no elimina la responsabilidad del Estado sobre sus acciones previas.
Con ese aval federal, maquinaria pesada volvió al Río Santa Catarina para habilitar los futuros puentes. Uno de ellos se edificará frente al nuevo edificio de Fuerza Civil, mientras que el otro se ubicará en el área del Obispado. Varillas, cimentación temprana y estructuras visibles confirmaron la reactivación casi inmediata del proyecto.
Aun así, colectivos independientes insistieron en que estas obras deben revisarse con mayor rigor. No solo por el daño ya causado, sino porque existen riesgos asociados a intervenir un cauce que históricamente ha funcionado como desagüe natural durante lluvias intensas.
Para algunos especialistas consultados por organizaciones ambientales, la infraestructura que se propone podría alterar la dinámica hidráulica natural. A ello se suma la preocupación por los desmontes estatales que se llevaron a cabo sin procesos claros ni tiempos adecuados de consulta.
Incongruencias En Declaratorias Ambientales Y Demandas Ciudadanas
Uno de los temas más mencionados por activistas es la contradicción entre los discursos oficiales y las acciones en el terreno. Aunque Samuel García anunció públicamente su intención de declarar el Río Santa Catarina como Área Natural Protegida, la declaratoria no se formalizó y el proyecto quedó en un limbo administrativo.
Esta falta de cumplimiento alimentó la narrativa de que Samuel desmonta Río mientras busca proyectar una imagen de compromiso ambiental. Para colectivos como Un Río en el Río, esto demuestra una distancia clara entre el discurso político y la realidad del manejo territorial.
Además, las peticiones de audiencia con el Ejecutivo no han sido atendidas, lo que aumentó el descontento ciudadano. En diversas declaraciones públicas, activistas señalaron que el gobierno no ha mostrado disposición para explicar los criterios detrás de los desmontes y la reactivación de las obras.
Por ello, quienes siguen de cerca el tema afirman que la transparencia está ausente del proceso. No existen informes detallados, no se han aclarado los alcances del proyecto y tampoco se han presentado estudios que indiquen cómo se mitigarán los impactos ecológicos ya generados.

Obras Millonarias Avanzan En Medio De Creciente Preocupación Social
Las inversiones asignadas a los puentes —449.7 y 449.9 millones de pesos, respectivamente— reforzaron la percepción de que el proyecto avanza a gran velocidad. La preocupación radica en que, aun con montos tan altos, no se haya destinado un esfuerzo equivalente para la restauración ambiental.
Durante su inspección, grupos ciudadanos reportaron que los trabajos estatales avanzaron sin que se presentaran planes concretos para recuperar áreas afectadas. Esto generó dudas sobre la coherencia del proyecto y sobre la capacidad del Estado para balancear desarrollo urbano y preservación ecológica.
Aunque la Semarnat autorizó las obras, eso no ha calmado el debate. La ciudadanía cuestiona por qué las máquinas regresaron sin haber reforestado, rehabilitado o reparado lo que se modificó inicialmente. Para ellos, es una muestra de que los desmontes en el Río se hicieron sin un plan claro ni un seguimiento responsable.
Finalmente, el caso abrió una conversación más amplia sobre la necesidad de replantear la relación de la ciudad con su cauce natural y más en estos momentos de crisis ambiental que ha sido desatendida por el estado. El Río Santa Catarina no es solo un espacio físico intervenido: es un símbolo ecológico y urbano que puede fortalecer o debilitar la resiliencia ambiental según cómo se gestione.
Por ahora, el proyecto avanza, pero también lo hace la inconformidad. La tensión entre infraestructura, política ambiental y transparencia pública sigue creciendo.
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