Minesota se ha convertido, en cuestión de semanas, en el epicentro de la política migratoria más agresiva del segundo mandato de Donald Trump. Aunque no es un estado fronterizo ni concentra una alta población de migrantes indocumentados, ahí se desplegó la mayor operación federal contra la inmigración registrada hasta ahora.
Las redadas comenzaron a inicios de diciembre. Sin embargo, fue a partir del 6 de enero cuando la ofensiva escaló. Más de 2 mil agentes federales llegaron a Mineápolis como parte de la llamada Operación Metro Surge, coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional.
El objetivo oficial es claro. Según el gobierno federal, se busca detener y deportar a personas que se encuentran de forma irregular en Estados Unidos y que, según Trump, representan “lo peor de lo peor”. No obstante, el impacto de la operación ha ido mucho más allá del discurso de seguridad.
Una Operación Sin Precedentes En El Estado
La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis generó un rechazo inmediato. La tensión aumentó tras dos incidentes graves ocurridos en enero. En ambos casos, agentes federales mataron a ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios.
Las víctimas fueron Renée Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 del mismo mes. El gobierno federal aseguró que los agentes actuaron en defensa propia. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a las víctimas como “terroristas”, lo que avivó aún más la indignación social.
La reacción fue inmediata. Activistas, líderes comunitarios y autoridades locales cuestionaron por qué se eligió a Minesota para un despliegue de esta magnitud. Sobre todo, cuando los datos muestran que el estado solo alberga el 0.7% de los 13.7 millones de migrantes indocumentados estimados en todo el país.
Fraude, Comunidad Somalí Y Narrativa Oficial
Una de las explicaciones está relacionada con un viejo escándalo de fraude en el sistema de prestaciones sociales. Este caso involucra a integrantes de la comunidad somalí, la más grande del país, asentada principalmente en Minesota.
Aunque el fraude ocurrió hace más de cinco años y ya hubo decenas de personas condenadas, el tema volvió a la agenda pública a finales del año pasado. Trump retomó el caso y lanzó ataques directos contra la comunidad somalí, a la que calificó de “basura” y responsabilizó de pérdidas multimillonarias de recursos públicos.
El clima se tensó aún más tras la difusión de un video viral. En él, el youtuber Nick Shirley mostró supuestas guarderías administradas por personas de origen somalí que recibían fondos públicos, pero no operaban. Poco después, Kristi Noem anunció que agentes del ICE realizarían investigaciones “puerta a puerta” por fraude rampante.
El problema es que el ICE no tiene facultades para investigar delitos financieros. Su función se limita a hacer cumplir las leyes migratorias. Aun así, el 6 de enero se anunció la mayor operación del DHS “para erradicar el fraude” en Minesota.
Política, Elecciones Y Choque Con El Estado
Más allá del discurso oficial, el trasfondo político es evidente. Minesota es un estado gobernado por demócratas y con una tradición progresista. Además, su gobernador, Tim Walz, fue rival directo de Trump en la campaña presidencial de 2024, como fórmula vicepresidencial de Kamala Harris.
Para analistas locales, esta rivalidad explica en parte la decisión del gobierno federal. Walz ha calificado el despliegue como un “teatro político” y ha denunciado que se trata de una estrategia para enviar un mensaje de fuerza en un año electoral clave.
Minesota tendrá elecciones de mitad de mandato y de gobernador. Aunque Walz renunció a buscar la reelección por el escándalo de fraude, la tensión política se mantiene. Legisladores demócratas incluso han amenazado con bloquear el financiamiento federal del ICE.
A esto se suma que Minesota es considerado un estado santuario. Tradicionalmente, limita la cooperación con autoridades federales en materia migratoria. Para el vicepresidente JD Vance, esa falta de colaboración explica que “las cosas se hayan salido de control”.
En paralelo, la sociedad civil ha reaccionado. Vecinos se organizan para alertar sobre la presencia del ICE. Algunos se entrenan como observadores, usan silbatos y graban operativos. El ambiente recuerda a las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd. Un episodio que también marcó el choque previo entre Trump y el estado.
Array
