Una nueva denuncia ambiental en Guadalupe ha encendido las alertas sobre el impacto que están teniendo las obras de remodelación del DIF Capullos en el ecosistema del Río La Silla, un afluente catalogado como área natural protegida. Vecinos documentaron con imágenes cómo cemento y residuos de construcción llegaron al río a través de drenajes pluviales conectados al inmueble estatal.
El problema no solo es el derrame, sino el silencio total del Gobierno del Estado, encabezado por Samuel García, quien ha presumido ampliamente el proyecto de remodelación en medios y redes sociales, pero no ha ofrecido ninguna explicación ni respuesta sobre los daños ambientales causados por estas obras públicas.
Cemento Fluye Del DIF Capullos Al Río
Los hechos ocurrieron en la colonia Jardines de la Pastora, en el municipio de Guadalupe. Ahí se encuentra el inmueble del DIF Capullos, actualmente en remodelación por parte del Gobierno del Estado. La ciudadana Paola García fue quien denunció públicamente, con evidencia fotográfica, que el 18 de julio un drenaje del DIF comenzó a verter cemento hacia el área verde que colinda con el Río La Silla.
Las imágenes muestran cómo el cemento escurre por la tierra, cubriendo raíces de un árbol de ébano y alcanzando el lecho del río, afectando una zona de al menos 10 metros cuadrados. Días después, durante un recorrido por el área, se constató la presencia de cemento seco en los drenajes y material de construcción mezclado con el suelo.
No es la primera vez que ocurre. El vecino Tereso Flores denunció que también se han vertido aguas negras y basura desde el mismo punto, sin que hasta ahora se haya tomado ninguna medida para corregir el problema.
Vecinos denuncian derrame de cemento de obras en el DIF Capullos hacia el Río la Silla, dañando área natural en Guadalupe.
— elnortelocal (@elnortelocal) July 22, 2025
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Samuel García Presume DIF, Pero Calla Ante El Daño
Mientras los vecinos documentaban la contaminación, el gobernador Samuel García seguía promoviendo en redes sociales la remodelación del DIF Capullos como uno de los logros de su administración. Sin embargo, no ha hecho mención alguna del daño ambiental, ni ha instruido una investigación o emitido un comunicado al respecto.
Esto ha generado fuertes críticas entre la ciudadanía, que acusa al mandatario estatal de usar el DIF con fines de propaganda, sin asumir la responsabilidad de los impactos colaterales de la obra. Hasta el momento, ninguna dependencia estatal ha aclarado si existe un estudio de impacto ambiental para el proyecto ni si la empresa encargada de la remodelación ha sido sancionada.
La contradicción es evidente: mientras el gobierno presume “grandes avances” en infraestructura, guarda silencio ante la contaminación de un ecosistema vital para el municipio de Guadalupe y la zona metropolitana de Monterrey.
El Río La Silla, En Peligro Por Omisión
El Río La Silla es uno de los cuerpos de agua más importantes del área metropolitana. Su valor ambiental es incalculable: no solo sirve como hogar para diversas especies de flora y fauna, sino que también funciona como pulmón natural y zona de recreación para miles de habitantes. Cualquier afectación directa a su cauce tiene consecuencias ecológicas y sociales de largo plazo.
El cemento, una vez que se endurece, forma capas impermeables que impiden la oxigenación del suelo, matan raíces de árboles y pueden dañar irreversiblemente el ecosistema acuático. A esto se suma la presencia anterior de aguas negras y basura, que los vecinos aseguran también han salido por los mismos drenajes en otras ocasiones.
Los expertos coinciden: verter cemento en un río es una forma de contaminación altamente agresiva, y si no se remedia a tiempo, el daño puede volverse permanente. Por eso, los habitantes del sector exigen una acción inmediata y efectiva del Gobierno estatal, no solo para detener el problema, sino para aplicar sanciones a los responsables.
Falta De Transparencia Y Supervisión Ambiental
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la opacidad con la que se ha manejado la remodelación del DIF Capullos. No hay información pública disponible sobre los contratos de obra, las empresas involucradas, ni los mecanismos de control ambiental que debieron aplicarse al ejecutar una construcción de esa magnitud junto a una zona protegida.
La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León no ha emitido ninguna postura oficial, y el gobernador Samuel García tampoco ha mostrado interés en dar explicaciones. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza ciudadana, sobre todo porque no es la primera vez que el gobierno estatal evade temas ambientales.
Organizaciones civiles ya comenzaron a documentar el caso y podrían presentar denuncias formales ante instancias ambientales federales, ante la evidente omisión institucional local. De no resolverse, el conflicto podría escalar a niveles jurídicos más altos, con consecuencias tanto administrativas como políticas para los involucrados.
La exigencia ciudadana es clara: se debe suspender temporalmente la obra, evaluar los daños causados y establecer nuevas reglas de supervisión para que este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse.
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