El presupuesto ambiental de Nuevo León ha quedado en el centro del debate público. Organizaciones de la sociedad civil y activistas han denunciado que, a pesar del discurso oficial que presume compromiso con el medio ambiente, el Gobierno estatal ha recortado de forma alarmante los recursos destinados a la protección y mitigación de contaminantes. Esta contradicción alimenta la percepción de un doble discurso y debilita la confianza ciudadana en las políticas ambientales.
Falta de coherencia en el gobierno
Liliana Flores Benavides, activista ambiental, señaló que el presupuesto ambiental actual no permite contar con personal suficiente ni desarrollar acciones técnicas efectivas para atender la contaminación del aire, agua y suelo. La falta de inversión, según explicó, deja a la población totalmente desprotegida y revela la distancia entre las promesas oficiales y las acciones reales.
Críticas al recorte de presupuesto ambiental
El Comité Ecológico Integral (CEI) también expresó su inconformidad. Su vocera, María Enríquez, calificó como incongruente que el Gobernador Samuel García anuncie nuevas divisiones ambientales como la de Fuerza Civil, pero sin asignar un presupuesto ambiental adecuado para cumplir con sus objetivos. Según Enríquez, estas iniciativas solo alimentan un discurso vacío que no se traduce en resultados tangibles.
Datos que evidencian el recorte
Un análisis de la asociación Política Colectiva reveló que en 2024, el presupuesto ambiental de Nuevo León sufrió un recorte superior al 68 %, a pesar de ser el año con más días contaminados en el área metropolitana de Monterrey. Esta reducción drástica limita los estudios, la vigilancia y la implementación de programas clave para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
Consecuencias y llamados a la acción
La falta de un presupuesto ambiental sólido puede paralizar proyectos importantes, estancar avances y convertir promesas en simples anuncios mediáticos. Las organizaciones civiles exigen mayor seriedad y compromiso, así como un incremento real en los recursos para garantizar políticas públicas eficaces. La ciudadanía pide coherencia entre discurso y acciones para proteger la salud pública y los ecosistemas locales.
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