El impuesto verde se ha convertido en una pesada carga para Agua y Drenaje de Monterrey. Bajo la administración de Samuel García, el gobierno estatal ha recaudado casi 3 mil millones de pesos de la paraestatal, debilitando sus finanzas públicas y generando sospechas de manejo opaco sobre los recursos obtenidos.
El Nuevo Negocio Del Gobierno Estatal
Desde su creación en 2022, el impuesto verde supuestamente tenía el objetivo de financiar proyectos ambientales en Nuevo León. Sin embargo, las cifras muestran un destino muy distinto. En apenas tres años, Agua y Drenaje ha pagado más de 2 mil 900 millones de pesos al Estado. En 2023 entregó 900 millones, en 2024 llegó a mil millones y para este 2025 se estima un pago similar.
La mayor parte de este dinero proviene del organismo encargado de garantizar el suministro de agua potable, el mismo que enfrenta crisis financieras y una infraestructura desgastada. Mientras tanto, el gobierno de Samuel García mantiene silencio sobre el uso real de estos recursos.
Agua Y Drenaje, El Blanco Favorito Del Impuesto Verde
El cobro del impuesto verde a Agua y Drenaje ha sido motivo de debate dentro del Consejo de Administración del organismo. Los propios integrantes han señalado que la paraestatal debería estar exenta de este tipo de cargas, pues la ley que la creó lo establece con claridad.
El artículo 12 de la legislación correspondiente indica que el organismo no debe pagar impuestos estatales ni municipales. Aun así, el gobierno estatal ha insistido en “ordeñar” sus recursos bajo el argumento de que es una de las principales contaminantes del estado.
Lo irónico es que, mientras se le exige pagar millones de pesos, Agua y Drenaje carece de presupuesto suficiente para invertir en el sistema de saneamiento que precisamente ayudaría a reducir los niveles de contaminación.
Samuel García Y El Uso Del Impuesto Verde En Nuevo León
El impuesto verde se ha convertido en una herramienta que beneficia más al gobierno de Samuel García que al medio ambiente. Fuentes del Consejo de Administración afirman que el gravamen se utiliza para sostener el flujo financiero de la administración estatal, no para proyectos ecológicos. Esto ha provocado que las finanzas públicas del organismo se deterioren rápidamente.
De acuerdo con los informes internos, en 2022 Agua y Drenaje pagó 426 millones de pesos por este concepto, aunque el Estado lo reintegró por la emergencia hídrica. Sin embargo, a partir de 2023 los montos crecieron y nunca se volvió a realizar devolución alguna.
En 2024, el pago representó el 55% de la recaudación total del impuesto verde en Nuevo León, una cifra que deja en claro quién está financiando la operación gubernamental bajo el disfraz ecológico.
Manejo Opaco Y Falta De Transparencia
Uno de los principales cuestionamientos es el manejo opaco del dinero recaudado por el impuesto verde. A pesar de los montos millonarios, no existen reportes públicos detallados que expliquen en qué proyectos se ha invertido el dinero. Tampoco hay evidencia de mejoras ambientales proporcionales a lo cobrado.
El Consejo de Agua y Drenaje ha solicitado reiteradamente información al gobierno estatal sobre el destino de los fondos, sin recibir respuesta. Esta falta de claridad ha generado un ambiente de desconfianza entre los consejeros y los ciudadanos que dependen del servicio. Mientras tanto, las tarifas del agua aumentan, los problemas de abasto continúan y el gobierno presume una política verde que parece solo beneficiar a unos pocos.
Finanzas Públicas En Riesgo Por El Impuesto Verde
La presión económica sobre Agua y Drenaje amenaza con poner en riesgo sus operaciones más básicas. El pago constante del impuesto verde ha obligado al organismo a endeudarse y a recortar inversiones destinadas a la reparación de infraestructura y a la modernización de plantas de tratamiento.
Integrantes del Consejo advirtieron que, si esta tendencia continúa, el déficit podría crecer de forma alarmante hacia 2026. Solo ese año, el presupuesto proyecta un gasto adicional de mil 162 millones de pesos para cubrir este gravamen, una cifra insostenible para las finanzas públicas del organismo.
Paradójicamente, el dinero que se le quita para “reducir la contaminación” le impide realizar las obras necesarias para cumplir con esa meta.
Nuevo León Y El Impacto Social Del Impuesto
El impacto del impuesto verde no se limita a las cifras. La falta de inversión en infraestructura hídrica afecta directamente a los ciudadanos de Nuevo León, quienes ya han enfrentado cortes, baja presión y deficiencias en el suministro.
Cada peso que se desvía del presupuesto de Agua y Drenaje es un peso menos para garantizar agua limpia y accesible para las familias del estado. Mientras tanto, Samuel García ha convertido la política ambiental en un discurso vacío. Habla de sustentabilidad, pero exprime a la institución que debería proteger los recursos naturales.
La Farsa Del Impuesto Verde Y El Desgaste Institucional
El impuesto verde revela una contradicción profunda dentro del gobierno estatal. Por un lado, se promueve como un instrumento para cuidar el medio ambiente. Por otro, se aplica sin transparencia, debilitando al organismo más importante del sistema hídrico de Nuevo León.
La estrategia ha generado tensiones políticas y económicas, además de evidenciar el uso discrecional del dinero público. El manejo opaco del gravamen no solo daña la imagen del gobierno, sino que también socava la confianza de la ciudadanía.
Cada nuevo cobro confirma que el objetivo no es ecológico, sino financiero. Agua y Drenaje se ha convertido en la fuente de ingresos predilecta de la administración fosfo, mientras Samuel García y su círculo concentran el poder económico del estado.
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