La Auditoría Superior de Nuevo León reportó ante el Congreso estatal presuntas triangulaciones que sugieren cómo Mariana y Samuel usan el DIF para desviar fondos públicos. El informe de la Cuenta Pública 2025 involucra a Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú, el DIF Nuevo León, el Isssteleón y compras de alimentos básicos con sobreprecio y medicinas oncológicas en Nuevo León.
Denuncian que Mariana y Samuel usan el DIF para desviar recursos públicos
Las observaciones presentadas por el auditor estatal Alejandro Reynoso Gil ante los diputados locales colocan en el centro de la fiscalización las operaciones financieras de la administración naranja. De acuerdo con el órgano técnico, el DIF Nuevo León, área donde participa Mariana Rodríguez Cantú, entregó contratos por 1,953 millones de pesos a una empresa proveedora de alimentos que dispersó el dinero entre cinco filiales del mismo grupo empresarial. En un lapso de ocho días, dichas firmas transfirieron más de 23 millones de pesos al despacho jurídico-fiscal que comparten el gobernador Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro.
Además de las transferencias bancarias detectadas por los auditores, la revisión contable expuso sobrecostos significativos en la adquisición de insumos básicos para el organismo asistencial. Los registros oficiales muestran que el gobierno estatal pagó el kilogramo de chayote en 300 pesos, pese a que su precio promedio en el mercado al mayoreo rondaba los 18 pesos. Asimismo, las facturas revisadas por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) documentan compras de aguacate a 250 pesos por kilo, tomate a 200 pesos y cebolla a 180 pesos.
Por otra parte, el expediente fiscalizador advierte que la nómina del DIF estatal cubrió sueldos por 3.15 millones de pesos a cuatro personas que desempeñaban labores en negocios particulares. Según el reporte entregado al Poder Legislativo, estos empleados trabajaban tanto en el despacho jurídico de la familia García como en una compañía de cosméticos perteneciente a Eugenia Rodríguez Cantú, hermana de Mariana Rodríguez Cantú.

Sobreprecio en medicinas contra el cáncer en Nuevo León
El análisis financiero de la ASENL también abarca operaciones en el sector educativo y de seguridad social, señalando irregularidades en el Isssteleón y en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Ambas instituciones depositaron en conjunto 420.6 millones de pesos a una empresa contratista encargada de suministrar medicamentos oncológicos en Nuevo León. No obstante, los auditores indicaron que las dependencias no comprobaron la recepción de los tratamientos médicos en las cantidades ni en los tiempos estipulados en los contratos.
Tras recibir los recursos provenientes del Isssteleón y de la universidad pública, una empresa que comparte el mismo domicilio fiscal que la proveedora transfirió 74.1 millones de pesos al despacho jurídico del mandatario y a compañías vinculadas con su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal. Estas operaciones forman parte de un esquema más amplio en el que la Unidad de Investigación rastreó 786 depósitos por un total de 1,696.6 millones de pesos hacia la firma legal de la familia del gobernador.
Rutas financieras donde Mariana y Samuel usan el DIF para desviar fondos
Para explicar el origen de los 1,696.6 millones de pesos recibidos por el despacho jurídico-fiscal, el informe detalla que más de 968 millones provinieron directamente de contratistas estatales bajo investigación. El resto del capital circuló desde la Tesorería estatal a través de cuatro vías principales integradas por una firma constructora, una comercializadora, una empresa de servicios y un proveedor de equipamiento.
En el caso específico de la empresa constructora, la auditoría documentó que recibió 5,851 millones de pesos de las arcas estatales y posteriormente transfirió 5,154.6 millones a una firma subsidiaria. A su vez, esa filial envió 385.3 millones de pesos al despacho vinculado con el titular del Ejecutivo estatal. En otra operación similar, un proveedor depositó 261.4 millones de pesos a la firma jurídica y, al día siguiente, el despacho transfirió 262 millones a una empresa del ramo inmobiliario.

Acciones legales tras señalar que Mariana y Samuel usan el DIF para desviar
La revisión global de la Cuenta Pública 2025 acumuló cerca de ocho mil observaciones sin solventar que representan un monto total de 61 mil millones de pesos. Estos resultados locales coinciden con las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que en octubre denunció ante la Fiscalía General de la República una presunta red de triangulaciones por más de 7,200 millones de pesos desde el gobierno de Nuevo León.
En el terreno político, legisladores federales de Morena como Alfonso Ramírez Cuéllar y la excandidata Clara Luz Flores presentaron denuncias adicionales ante instancias federales contra el mandatario y su entorno familiar. Por su parte, la ASENL confirmó que turnará los expedientes de esta fiscalización tanto a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León como a la Fiscalía General de la República para que las autoridades ministeriales determinen las responsabilidades legales correspondientes.
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