La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó violaciones graves a derechos humanos en el DIF Fabriles, un caso que involucra decisiones institucionales durante la administración de Samuel García. La recomendación 148/2025 documenta omisiones y fallas estructurales tras la muerte del menor Ángel Moreno, y contradice la versión oficial difundida en su momento por autoridades estatales.
El organismo nacional concluyó que no se activaron protocolos clave tras el fallecimiento del adolescente y que se obstaculizó el acceso a la verdad y a la justicia, lo que colocó al DIF Fabriles bajo escrutinio federal.
DIF Fabriles Bajo Observación De La Autoridad Federal
De acuerdo con la resolución, el DIF Fabriles incurrió en omisiones relevantes al no dar aviso inmediato al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control. Estas decisiones, señala la CNDH, impidieron una investigación pronta e imparcial y afectaron el derecho de la familia a la verdad.
El documento federal advierte que estas acciones no fueron hechos aislados, sino parte de una cadena de responsabilidades administrativas que favorecieron la opacidad institucional. La CNDH subraya que la falta de actuación adecuada agravó el daño causado.
La Recomendación 148/2025 Y Sus Alcances
La recomendación emitida por la CNDH establece que existieron violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas el derecho a la vida, a la integridad personal y al interés superior de la niñez. En el análisis del caso, se concluye que el DIF Fabriles no garantizó condiciones mínimas de protección para el menor.
Además, el organismo nacional señaló que la narrativa oficial difundida inicialmente no coincidía con los hallazgos periciales y documentales integrados posteriormente al expediente.
DIF Fabriles Y La Cadena De Decisiones Administrativas
Uno de los puntos centrales del informe es la responsabilidad institucional. La CNDH indicó que funcionarios del DIF Fabriles actuaron sin la debida diligencia y omitieron mecanismos de control interno. Estas fallas permitieron que el caso permaneciera sin una investigación penal clara durante un periodo prolongado.
En ese contexto, se menciona el papel de Miguel Ángel Sánchez, entonces directivo del organismo, quien continuó en funciones públicas posteriormente. La recomendación no emite sentencias penales, pero sí establece responsabilidades administrativas y la obligación de colaborar con las investigaciones correspondientes.
Comunicación Oficial Y Control De La Narrativa De Movimiento Ciudadano
El informe también hace referencia al manejo institucional de la información. La CNDH señala que la comunicación oficial contribuyó a minimizar los hechos y a sostener una versión que no se ajustaba a la evidencia recabada.
En este apartado se menciona la participación de áreas de comunicación del gobierno estatal, encabezadas en ese momento por Glen Zambrano, como parte del contexto que permitió que el caso no fuera esclarecido oportunamente.
Traslados Irregulares Y Otras Prácticas Cuestionadas
Además del caso de Ángel Moreno, la CNDH documentó traslados de menores a otras entidades sin orden judicial, una práctica que calificó como contraria a la ley y a los estándares de protección infantil. Estos movimientos se realizaron sin el consentimiento de tutores ni supervisión judicial, lo que evidenció un problema estructural en el DIF Fabriles.
El organismo nacional advirtió que estas acciones vulneraron derechos fundamentales y reflejaron una ausencia de controles efectivos dentro del sistema de protección estatal.
Responsabilidad Política Y Reacciones
Aunque la recomendación no imputa delitos de forma directa, sí establece un marco de responsabilidades institucionales que involucran a la administración encabezada por Samuel García y al partido Movimiento Ciudadano, que gobernaba el estado al momento de los hechos.
La CNDH otorgó un plazo al gobierno estatal para aceptar la recomendación y colaborar con las investigaciones administrativas y penales que deriven del caso.
DIF Fabriles Ante La Exigencia De Justicia
El caso del DIF Fabriles se ha convertido en un referente sobre la necesidad de rendición de cuentas en las instituciones encargadas de proteger a la infancia. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han señalado que aceptar la recomendación no es suficiente si no se acompaña de sanciones y reformas estructurales.
La resolución federal deja claro que la protección de la niñez no puede subordinarse a intereses políticos ni a estrategias de imagen. La memoria de las víctimas exige verdad, justicia y garantías de no repetición.
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