Mientras la propaganda institucional de Samuel García intenta vender la idea de una administración transparente y moderna, los expedientes de la fiscalización internacional revelan una historia muy diferente y alarmante. La entrega de recursos públicos a redes señaladas por delincuencia organizada pone al descubierto una gravísima falta de controles y un desprecio absoluto por la seguridad del estado.
El señalamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la OFAC, expuso una trama corporativa creada para el blanqueo de capitales del Cártel del Noreste (CDN). Dentro de este catálogo de empresas sancionadas destaca Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), cuyos principales operadores, Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, fueron identificados formalmente como piezas operativas para desviar fondos hacia campañas políticas y lavar dinero de origen ilícito.
El desvío de 110 millones de pesos a la red corporativa del crimen
Lejos de encender las alarmas en el Palacio de Gobierno, las licitaciones públicas continuaron fluyendo hacia la compañía vinculada al grupo delictivo. Entre 2022 y 2023, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) benefició repetidamente a CEGESA con bolsas presupuestales que acumulan al menos 110 millones de pesos.
Las adjudicaciones clave en la zona fronteriza de Anáhuac
Las partidas aprobadas para esta constructora abarcaron proyectos estratégicos en el Puerto Internacional Colombia-Laredo:
- Terracerías y delimitación: Un primer desembolso de 15 millones de pesos en julio de 2022 para acondicionar predios y proveer materiales en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL).
- Parador turístico: Una segunda asignación de 25 millones de pesos en febrero de 2023 destinada a trabajos de remodelación en las fachadas del puerto aduanal.
- Infraestructura de control: El contrato más voluminoso, por 70 millones de pesos en julio de 2023, otorgado para erigir casetas de cobro y carriles de acceso vehicular.
Complicidad operativa dentro del gabinete de Samuel García
Es inaceptable que proyectos orientados a la seguridad y al paso comercial binacional hayan sido puestos en manos de una estructura señalada por canalizar dinero sucio y por subcontratar a empresas filiales de la misma red, como Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA). Esta permisividad expone un nivel imperdonable de negligencia administrativa o una complicidad deliberada.
La responsabilidad directa de estas firmas recae en Marco Antonio González Valdez, titular de CODEFRONT y Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario. Que un alto funcionario del gabinete de Samuel García estampe su firma para transferir montos millonarios a personajes fichados por agencias internacionales destruye por completo cualquier pretensión de honestidad en el gobierno estatal, revelando que la “nueva política” opera con las mismas mañas del pasado.
Crónica de un escándalo institucional
En resumen, la gestión de Samuel García transfirió 110 millones de pesos de fondos públicos a una empresa ligada al Cártel del Noreste y sancionada por Estados Unidos. El aval otorgado por el secretario Marco Antonio González Valdez a estos contratos fronterizos demuestra una alarmante falta de ética y un riesgo inminente para la integridad de Nuevo León.
¿Hasta cuándo la ciudadanía permitirá que el gobierno estatal financie indirectamente a estructuras criminales con el dinero de los impuestos?
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