El entorno político nacional enfrenta una fuerte sacudida luego de ventilarse que el huachigobernador Samuel García recibió 26 % de ingresos en su despacho, mismos que están siendo investigados por la FGR debido a un entramado de depósitos multimillonarios bajo sospecha. El ojo del huracán se centra en la Firma Jurídica Fiscal García Mascorro y Asociados, un corporativo legal encabezado por los parientes directos del jefe del Ejecutivo en Nuevo León. Las auditorías oficiales muestran un crecimiento fuera de lo común en los flujos financieros de esta oficina, los cuales se elevaron de forma acelerada exactamente un mes después de que iniciara la actual administración estatal a finales de 2021. Las autoridades adscritas a la Fiscalía General de la República siguen de cerca el rastro de este patrimonio que contradice abiertamente las promesas de transparencia emitidas desde el palacio de gobierno regiomontano.
De acuerdo con los pormenores recabados por las células de inteligencia, el modelo operativo implementado por los parientes del mandatario consistía en agilizar la recuperación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado para diversas estaciones de servicio. No obstante, en noviembre de 2021 determinaron canalizar este modelo comercial hacia una razón social alternativa con el único propósito de atender a corporaciones pertenecientes de forma exclusiva al sector energético, desatando las alertas fiscales por la procedencia de los fondos acumulados en el piso 33 de la Torre Helicon, ubicada en el municipio de San Pedro.
El hermano del mandatario estatal se encuentra involucrado en una red de huachicoleo
Los documentos ministeriales de la federación detallan minuciosamente cómo el hermano del mandatario estatal se encuentra involucrado en una supuesta red de huachicoleo fiscal que operaba simulando transacciones comerciales y de logística industrial. Samuel Orlando García Villarreal, en estrecha colaboración con su padre Samuel García Mascorro, ha explotado por años esta mina de oro tributaria. Según el periódico El Norte, las indagatorias penales vinculan formalmente las actividades de este despacho con la red delictiva de Los Petrofactureros, liderada por Jesús Ricardo Puente, un operador de combustibles robados que fue capturado recientemente tras un despliegue de seguridad federal. Los registros bancarios demuestran que este personaje ejecutó transferencias millonarias hacia las cuentas de la firma familiar durante los ejercicios de 2021 y 2022.
Ante el crecimiento de este escándalo, el aparato de comunicación social del gobierno local emitió un pronunciamiento negando cualquier nexo anómalo. La versión oficial estipula que el gobernador no forma parte de la sociedad de este bufete de asesores y que la conducta comercial o delictiva de las gasolineras que contratan sus servicios profesionales es responsabilidad absoluta de sus respectivos dueños. A pesar de los deslindes, los fiscales federales analizan exhaustivamente si existía conocimiento del origen ilícito de los fondos o si se configuró una complicidad directa para operar el blanqueamiento de capitales de la red criminal que manejaba cerca de cuarenta empresas fachada.
Empresas indagadas por contrabando de hidrocarburos
El desglose de las auditorías hacendarias expone cómo diversas empresas indagadas por contrabando de hidrocarburos realizaron depósitos millonarios al bufete contable de los parientes del gobernador de Nuevo León. La cartera de clientes bajo escrutinio incluye de manera explícita a cuatro consorcios mercantiles: Petrolíferos Lobo, Maquiladora de Lubricantes, BSQ Global Corporation y Autotransporte de Cargas Especializados MARVIC. El fondeo más sustancial proviene de Petrolíferos Lobo, entidad comercializadora que transfirió más de 258 millones de pesos mediante 76 operaciones distintas, la inmensa mayoría completadas una vez que el mandatario ya se encontraba gobernando la entidad. Dicha firma es indagada por el uso indebido de pedimentos de importación de la empresa Valero y se le vincula con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos.
La presión judicial sobre estas corporaciones aumentó de forma crítica tras ejecutarse recientes cateos de la Fiscalía General de la República en el municipio de San Pedro Garza García. Estos operativos, coordinados bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, propiciaron el arresto del dueño de Maquiladora de Lubricantes, consorcio que inyectó más de 15 millones de pesos al despacho de los parientes del gobernador justo un mes después de su toma de posesión. Por otro lado, la firma BSQ Global Corporation, con expediente abierto por delincuencia organizada y defraudación fiscal con el folio 13173, pagó 6.8 millones de pesos a la firma familiar entre 2022 y 2024. Los reportes de inteligencia señalan que BSQ introducía ilegalmente diésel extranjero por puertos marítimos bajo el cobijo de antiguos altos mandos de la política nacional. Finalmente, MARVIC, empresa cuya planta destiladora de diésel sufrió un estallido en Cadereyta el año pasado, documentó transacciones con el despacho por 69,900 pesos. Aunque el monto parece menor, se suma al mapa de evidencias de contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos.
Empresas energéticas dispararon ingresos de la firma familiar; 1,781 millones bajo la lupa
Las declaraciones contables presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria evidencian que dichos negocios especializados en materia de energía dispararon las percepciones de la firma familiar hasta límites nunca antes registrados. El bufete de los parientes del gobernador reportó ingresos nominales por 144 millones de pesos durante 2024, alcanzando los 161 millones de pesos en el transcurso de 2025. En una perspectiva global, la red completa de firmas legales del entorno del mandatario —donde el propio gobernador figura como socio en una de las razones sociales— ha acumulado un gran total de 1,781 millones de pesos en lo que va del sexenio. De esta inmensa fortuna acumulada, se corrobora que el huachigobernador Samuel García recibió 26 % de ingresos en su despacho y ahora bajo investigación de la FGR procedentes nítidamente de las operaciones del ramo energético bajo sospecha penal, incluyendo transacciones con firmas como Enerey Latinoamérica que facturó 78.4 millones de pesos con el despacho.
Este escenario de flujos masivos coincide con las alertas emitidas por agencias internacionales como el FinCEN de Estados Unidos, que catalogan a Nuevo León como un epicentro del blanqueo de capitales del mercado negro de combustibles. Debido a la gravedad de los hallazgos, se formalizó una denuncia penal promovida ante las autoridades federales en la Ciudad de México, buscando iniciar un juicio político para destituir al gobernador de su encargo público por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras la defensa del estado sostiene que los servicios contables se ofrecieron apegados a la ley, la federación mantiene el caso bajo máxima prioridad, reiterando ante la opinión pública nacional por qué el huachigobernador Samuel García recibió 26 % de ingresos de su despacho de los supuestos polémicos contratos relacionados al huachicol celebrados por su núcleo más cercano.
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